En estos días ve la luz de las librerías mi ensayo “Nos encargamos de todo”. Robo y tráfico de niños en España (editorial Clave Intelectual). En menos de doscientas cincuenta páginas de este libro no es posiible el desarrollo que ese inmenso drama, que sin duda pesará durante años sobre la sociedad española. El objetivo del ensayo no es dar todas las respuestas, objetivo claramente imposible a las fuerzas individuales, sino plantear las numerosas preguntas que el tema despierta y ofrecer algunas de las múltiples conclusiones que han aflorado tras casi un lustro de trabajo de investigación, pegado a las personas que siguen sufriendo el dolor permanente y la impotencia ante una Justicia ineficiente, y que tienen como resultado la sensación de frustración que genera nuevas cuestiones. Pero al menos tenemos ahora una base para analizar, con la objetividad que da la experiencia, las circunstancias y el contexto sociocultural en el que se produjeron los hechos delictivos que provocaron este problema de Estado.
Esta cuestión de Estado ha sido tomada por el actual Ejecutivo como un ataque a su control prácticamente absoluto de los instrumentos del Estado. Y esa amenaza ya se anuncia inminente, con la toma en consideración de los casos denunciados (sin duda una parte menor de los existentes) por parte de las Agencias de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Justicia Universal, a pesar de las groseras trampas urdidas para eludir esas responsabilidades como estorbar escandalosamente la acción de la Justicia argentina (caso de la Querella en aquél país), o limitarse a dar buenas palabras, sin acción efectiva, tras la visita de trabajo del Relator Especial de NN.UU. Pablo de Greiff. Ahora se abre la puerta para que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tome en consideración, de forma global, los Casos de Niños Robados. Ante toda esa acción concertada que viene desde instancias internacionales el Ejecutivo prepara estrategias evasivas de las que sin duda tendremos abundantes indicios muy pronto.
La dimensión internacional de estos delitos no debería sorprender a nadie, y menos a quienes eran conscientes desde enero de 2012, nada más llegar al ejercicio del poder absoluto, de los riesgos que conllevan estos delitos permanentes. Quizás sea una minúscula asociación de víctimas, el Colectivo Sin Identidad, de Canarias, el elemento más inquietante para el ministro que, con sus actos y empeños, más desvirtúa el sentido último de la Justicia que predica su título. Todo apunta a que conoce, o debiera conocer, la enorme dimensión a que obligan de los artículos 7 y 8, especialmente, del Instrumento ratificado por España en 1990, incorporando de hecho la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño al Derecho interno de España. Para los desmemoriados es preciso repetir que el apartado 2 de ese artículo 8 proclama la protección especial “cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.”
Acostumbrados como estamos a que estos gobernantes utilicen todas las trampas posibles de los tahúres leguleyos para eludir sus responsabilidades, como aducir como procedimientos en marcha (a la petición de explicaciones por NN.UU.) todo lo archivado tras la artera expulsión de Garzón por su interés contra los crímenes del Franquismo, también nos tememos que se agarren a la excusa de la prescripción u otras como la extemporaneidad de la ratificación de estos instrumentos de protección infantil. Pero deliberadamente olvidan que esta legislación universal emanada de N.UU. trae causa tan antigua como la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, que obliga erga omnes desde hace noventa años a tomar medidas efectivas para la protección de Derechos Fundamentales. Es hipócrita el levantar la bandera de algo tan rebuscado como el nasciturus (expresión manipulada de forma interesada por la Iglesia de una figura del Derecho Romano, y además sacada de contexto legal) cuando se está condenando a ciudadanos de pleno derecho, como los actuales disminuidos sin protección o los escolares desnutridos, para amoldarse a las exigencias eclesiales sin base real y científica, al tiempo que se olvida algo tan esencial como la Solidaridad con la Humanidad viva.
Desde ese Colectivo canario antes mencionado se le reclamó a ministro Gallardón, y en concreto a la Fiscalía General del Estado, la protección necesaria para acceder a instrumentos básicos e imprescindibles para tener las referencias documentales necesarias para restablecer, sin sombras interesadas o dudas, las identidades robadas a esos antiguos internos en las Casa Cuna de Tenerife o de las Palmas. La práctica totalidad de esas evidencias documentales están tapiadas bajo custodia férrea de la Iglesia, en archivos reputados como privados pero que contienen datos importantes sobre esas identidades dolosamente alteradas.
Sobre algunas de estas cuestiones esenciales trata de arrojar algo de luz el ensayo arriba mencionado. Puede ser una herramienta de reflexión en tiempos tan convulsos y tan necesitados de referentes sensatos, pero en todo caso se trata de una aportación, sin duda limitada, para conocer con datos el origen y la probable dimensión de algo muy peligroso socialmente y que, lo queramos o no, afecta gravemente a la convivencia ciudadana. Y una llamada de atención para quienes, debiendo ser los vigilantes de la defensa práctica de los Derechos Humanos, aquí con respecto a los niños que todos fuimos (y hoy para con los ciudadanos actuales), eluden de forma descarada su aplicación con falsas estrategias.
Francisco
González de Tena, Presidente de la Federación Coordinadora X 24 (de
Asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España) y
vicepresidente/portavoz del Colectivo Sin Identidad de Canarias
González de Tena, Francisco
Nacido en Córdoba, en 1942, en el seno de una familia de fotógrafos que se remonta al último tercio del siglo XIX, Francisco González de Tena desarrolló su actividad profesional inicialmente en una entidad financiera en su ciudad natal, para trasladarse luego a Madrid en 1982. Simultaneó durante años esa dedicación con los estudios universitarios. Es licenciado en Arte Dramático, diplomado en Derecho (UNED, 1985), Diplomado en CC. Económicas y Empresariales (UNED, 1987), Licenciado en Sociología (CC. Políticas y Sociología, UNED 2000), doctor en Sociología con la calificación de sobresaliente, y doctor en Filología Moderna (especialidad Dramaturgia, Semiótica Teatral y Discursiva), con la calificación de sobresaliente cum laudem. Cultiva el ensayo y la poesía, la mayoría de cuyos textos permanecen inéditos y solo han aparecido en colaboraciones puntuales. Ha publicado los libros Niños invisibles en el cuarto oscuro (ed. Tébar, Madrid, 2009) y El papel de la Iglesia en Auxilio Social (ed. Sepha, Málaga, 2009).
